El Parlamento de Andalucía ha dado luz verde a la regularización de 1.605 hectáreas de regadíos cercanos al Parque Nacional de Doñana (Huelva), hasta ahora ilegales. Esta decisión ha venido precedida por dos proposiciones de ley prácticamente idénticas, una presentada conjuntamente por el Partido Popular y VOX y otra por el mismo PP pero esta vez con el grupo parlamentario Ciudadanos como socio.
El miércoles se ha decidido que las proposiciones de ley sigan adelante, iniciándose su tramitación gracias a los votos faborables de PP, Vox, Ciudadanos y la sorprendente abstención del PSOE andaluz, que ha optado de manera inesperada desoír la posición de la dirección del partido y del Gobierno general. La postura socialista fue manifestada al presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, por parte de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera mediante una carta donde le pedía que desistiera de su propuesta "ante los enormes perjuicios, tanto económicos como medioambientales" que podía causar.
Los únicos parlamentarios que han votado en contra han sido Unidas Podemos y los diputados no adscritos de Adelante Andalucía.
La legalización de estas fincas de invernaderos situadas en el entorno de la importante reserva natural andaluza conllevaría que los agricultores pudiesen extraer el agua del ya sobreexplotado acuífero perteneciente a Doñana sin ningún impedimento legal, una acción que causaría graves problemas medioambientales, según han denunciado asociaciones ecologistas como UNESCO, WWF o Greenpeace.
Además, Partido Popular, Vox y Ciudadanos han pedido que esta ley se tramite por vía urgente. El motivo de esta petición es que los partidos de derecha son plenamente conscientes de que el proyecto podría paralizarse si cuando lleguen las futuras elecciones andaluzas, previstas para este verano, no saliesen reelegidos.
¿Por qué importa lo que suceda en Doñana?
El Parque Nacional de Doñana es un espacio natural protegido español situado en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Está reconocido como Patrimonio de la Humanidad y comprende tanto el Parque Nacional como el Parque Natural de Doñana (el entorno previo al parque).
Una enorme cantidad de flora, más de 900 especies distintas, y es el territorio de al menos 567 animales, entre los que se encuentran peces, reptiles, mamíferos, aves y anfibios.
La sobreexposición a riesgos medioambientales de esta importante reserva natural no es una cosa nueva, ya que la merma del acuífero que le da vida es un problema constante y prolongado en el tiempo. Además, se suma que este espacio ha tenido que sufrir diversos incendios y el conocido desastre de Aznalcóllar, en el que hectáreas de residuos de metales pesados se vertieron en el entorno del Parque, afectando a aguas, suelos y lodos.
La Comisión Europea, la UNESCO y la WWF
Las organizaciones internacionales más importantes en esta materia se han mostrado en desacuerdo con la determinación de arriesgar un lugar considerado Patrimonio de la Humanidad para ampliar la superficie de suelo de regadío. Consideran que el coste medioambiental es demasiado alto.
La Comisión Europea ya ha avisado de que acudirá al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) para denunciar la situación si esta ley sigue su curso, algo que ya pasó un año atrás. En 2021, la justicia europea condenó a España por permitir las extracciones ilegales de agua del acuífero de Doñana.
Mediante una carta, la directora general europea de Medio Ambiente, Florika Fink, ha advertido de que llegar a este punto "acarrearía la solicitud de imposición de sanciones pecuniarias”, es decir, la implantación de una o varias multas económicas sumamente costosas.
Una opinión que también comparte la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que le ha pedido a la Junta de Andalucía un informe de daños donde se estudie y se indique el deterioro que podría provocar la legalización de los regadíos al Parque Nacional de Doñana "antes de que decisiones difícilmente reversibles sean tomadas".
La UNESCO ya pidió hace dos años el cierre de las fincas ilegales de fresas que se encuentran en el entorno de Doñana y que, según subrayaba el organismo internacional, se nutren de pozos clandestinos. Esto perjudica gravemente al ecosistema del Parque, cuyos embalses ya se encuentran al 28% de su capacidad.
Por su parte, la asociación ecologista WWF España ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla "haya decidido desoír todas las voces en contra, sin datos ni justificación técnica, y seguir adelante con la tramitación de esta peligrosa iniciativa legal".
La plataforma ya estimaba en junio de 2021 que existían más de mil pozos ilegales en Doñana. También afirma que había 1.653 hectáreas de cultivos situadas en zonas que no pueden regularizarse, y que tres de las cinco partes en la que está dividido el acuífero de la zona protegida están declaradas sobreexplotadas desde 2020.
El Ministerio de Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) también se ha mostrado completamente en contra de esta tramitación y han pedido que la Junta rectifique. De no ser así, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán ha aseverado en unas declaraciones recogidas por el diario El País que “no habrá agua, ni un solo metro cúbico, es un engaño a los regantes. Ni una sola hectárea es regularizable, no habrá agua para ellos”.
Morán ha declarado que "Doñana puede perder el título de patrimonio de la humanidad, Andalucía sufrir graves sanciones económicas, y el sector agrario ver cerrados los mercados europeos. El gobierno andaluz debe zanjar de inmediato esta irresponsabilidad".
La opinión de los agricultores
A pesar de que esta ley es una estrategia para ganar votos de los agricultores que se beneficiarían de esta regularización, dentro del sector también hay diferencias. Los trabajadores relacionados con la fresa, por ejemplo, están divididos.
Una muestra de ello es que la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana, que representa a más de 300 empresarios freseros de Almonte, la zona más cercana a la reserva natural, han decidido abandonar la Plataforma de los Regadíos del Condado, que aglutinaba y daba voz a todos los agricultores próximos a la zona de Doñana.
"Hemos decicido abandonar la plataforma en defensa de los regadíos del condado", ha afirmado la asociacón Puerta de Doñana en una rueda de prensa producida en el Ayuntamiento de Almonte. "Desde hace tiempo, la plataforma no defiende los intereses generales de todos los regantes, sino más bien los intereses particulares de una minoría", ha afirmado el portavoz, Juan Mato.