El sector ganadero español ya puede presumir de que sus principales categorías están ordenadas, es decir, tienen su regulación propia en materia de sanidad y bienestar animal, bioseguridad y sostenibilidad ambiental porque el vacuno ya cuenta con el reglamento que pone coto a las conocidas macrogranjas. El Gobierno ha legislado y, apurando el último Consejo de ministros de 2022, ha sacado adelante el real decreto con esas normas básicas de ordenación para el vacuno de carne y de leche y que contiene una medida estrella: la prohibición de construir granjas bovinas superiores a 850 Unidades de Ganado (unas 725 vacas de leche).
Ha sido un decreto muy esperado por el propio sector que lo ve, en líneas generales, positivo pero que avisa de que limitar el tamaño de las explotaciones tiene ventajas e inconvenientes, como una menor producción y una menor competitividad. Por otro lado, piden ayuda a la Administración para que las granjas de mayor tamaño, más afectadas por las exigencias del nuevo decreto, puedan contar con las herramientas y el tiempo suficiente para adaptarse a los requisitos. Un decreto aplaudido además por las organizaciones ecologistas que llevan tiempo mostrando su rechazo a estas instalaciones al entender, como dice Greenpeace, que son el "máximo exponente" de la ganadería industrial, un modelo que causa "cambio climático, contaminación del agua, maltrato animal y mucho más".
Del The Guardian al real decreto
También una norma a la que ha estado atenta la sociedad, sobre todo después de la polémica que surgió hace un año cuando el ministro de Consumo, Alberto Garzón, concedió una entrevista al diario británico The Guardian en la que hizo mención al asunto. El tsunami mediático, político y social surgió porque Garzón aseguró, en un momento de la entrevista, que las granjas de gran tamaño "contaminan los suelos, el agua y después, normalmente, se exporta", señalando que se trata de una "carne de peor calidad, es un maltrato animal además lo que se produce y es un impacto ecológico descomunal y desproporcional".
Ríos de tinta corrieron esos días sobre qué era una "macrogranja", cuántas había en España, cuánto contaminaban pero, entre tanto volumen de información, también se incidió en que el sector vacuno no tenía una norma de ordenación y no estaba obligado a informar de sus emisiones en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR).
En el ámbito de la contaminación atmosférica y de lucha contra el cambio climático, este nuevo real decreto incorpora el requisito de reducir las emisiones de gases contaminantes y gases de efecto invernadero, aplicable a determinadas granjas a partir de una cierta dimensión. Si no se cumplen los objetivos previstos en límites de emisiones, a partir de enero de 2026 se revisarán y adoptarán las medidas necesarias hasta lograr las reducciones exigidas.
El caso Noviercas
Si ha habido un proyecto de gran granja que ha protagonizado decenas de titulares, ése ha sido el de Noviercas, en Soria, que tiene previsto albergar a más de 25.000 vacas de leche. Un volumen de ganado 20 veces más alto de lo que establece el actual real decreto. Habrá que ver en qué queda porque la promotora de la granja, Valle de Odieta, está estudiándolo para decidir junto con sus asesores legales "las vías más adecuadas para defender sus derechos sobre la base de la legislación española y comunitaria".
Es un proyecto que lleva tiempo con trámites administrativos y el quid de la cuestión está en saber si la promotora tenía satisfechos todos los trámites necesarios para iniciar la construcción antes del 6 de abril de 2022, fecha en la que el decreto aprobado finalizó el trámite de audiencia pública. Lo recoge la disposición transitoria primera sobre Resolución de expedientes en tramitación. Habrá que esperar para ver en qué queda este proyecto y otros parecidos que ya estaban en tramitación.
La respuesta de Greenpeace
Nada más conocerse la aprobación del real decreto, Greenpeace se congratuló de que con ello se evite la construcción de esa instalación. En un comunicado de su página, enviado también a sus suscriptores, la organización lo ha resumido así:
«“Hoy es un gran día. Por fin, el faraónico proyecto de macrogranja que Valle de Odieta quería construir en Noviercas, debe ser desestimado definitivamente”, ha declarado Luís Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace. “Han sido más de cinco años trabajando para frenar esta macrogranja y por ello desde Greenpeace aplaudimos la normativa aprobada hoy por el Gobierno” (...) La macrogranja de Valle de Odieta hubiera contado con un número de cabezas de ganado más de veinte veces superior a lo que establece el real decreto. Hubiera sido también la macrogranja más grande de España, de Europa y estaría entre las cinco más grandes del mundo. Asimismo, la normativa también establece que, por encima de este máximo, tampoco se debe permitir la ampliación de las explotaciones que estén actualmente en funcionamiento, por lo que consideramos desde Greenpeace que el Gobierno de Navarra debe desestimar la solicitud que la misma empresa hizo recientemente para ampliar su macrogranja de Caparroso. La actual solicitud haría que esta macrogranja fuese casi 12 veces más grande de lo que marca la legislación hoy aprobada»
