La cesta de la compra se encuentra en el centro del huracán, protagonismo que no debería haber perdido jamás. Las orejas del lobo ya asoman pese a no haber terminado el verano y los augurios no pueden empeorar. Con la peor inflación en décadas a la vuelta de la esquina, el Gobierno transmite su preocupación y primeras ideas sobre cómo paliar el incremento de los precios de la alimentación y cómo lidiar con la obligada austeridad a la que la sociedad de consumo se ve empujada. Con Yolanda Díaz al frente y Alberto Garzón como escudero, Moncloa ha lanzado esta semana su primer globo sonda: topar los alimentos básicos de los supermercados. "Es legal y también hay excepciones en la ley de comercio", ha subrayado Díaz, quien considera que "no es que no vulnere la legalidad, es que la respeta absolutamente y está basada en el principio de competencia".
Las reacciones inmediatas de la mayoría de agentes que componen la cadena alimentaria coinciden en que limitar los precios no puede ser la solución, aunque los motivos de su negativa son varios. Unos alegan que el precio de un producto no puede ser inferior al coste de producción, otros a la ilegalidad del pacto de precios, otros a la incapacidad de mantener los estándares de una elaboración artesana, y también se acusa al ejecutivo socialista de favorecer a las grandes superficies y destruir las opciones del pequeño y mediano comercio. Desgranamos las opiniones de los grupos patronales, asociaciones y autoridades paralelas para entender las posturas con las que Díaz se encontrará en esa mesa larga que la espera tras el G20.
Qué dice el Ministerio
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado su rechazo a fijar una cesta básica de alimentación con un precio máximo, y aboga por ajustar "voluntariamente" los precios "con la colaboración de todos los actores de la cadena alimentaria". Asimismo, ha descartado la propuesta de aplicar un impuesto a la distribución ya que se trata de una medida que solo se toma cuando algunas empresas están obteniendo unos beneficios extraordinarios, como ha ocurrido con las energéticas, pero que la situación de los supermercados es diferente. Sobre el IVA de los productos alimentarios, el ministro considera que ya hay un IVA superreducido para algunos alimentos y que se trata de un esquema que "admite pocos ajustes" y sobre el que "hay poco margen de maniobra".
Qué dice el pequeño comercio
El pequeño comercio ha rechazado la propuesta de limitar los precios de productos básicos para contener la inflación, ya que "favorece" a la gran distribución en detrimento del comercio de proximidad. En concreto, la Asociación de Detallistas de Frutas y Verduras de Barcelona ha señalado que se trata de una medida "que puede llegar a ser provocativa" y afecta a toda la cadena alimentaria, incluidos los productores y los comercializadores y ha instado a llevar a cabo otras soluciones como eliminar el IVA en productos básicos de alimentación.
Por su parte, la Confederación Española de Comercio (CEC) ha advertido que "de salir adelante, esta iniciativa atentaría directamente contra el comercio de proximidad al ejercer un efecto llamada sobre las personas consumidoras para comprar en las grandes cadenas en detrimento del comercio de proximidad, que no puede competir en márgenes ni asumir los costes".
Qué dicen las patronales
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha apuntado que "pactar o limitar precios es ilegal", como lo es también "una simple reunión con el único objetivo de limitar o pactar precios". Consideran que se crea así un "daño irreparable" para la agricultura y el pequeño comercio.
Por su parte, la patronal Cecot ha cargado contra la propuesta de la cesta básica de alimentos por considerar que atenta contra una parte importante de las pymes y autónomos, especialmente las dels sector minorista, la logística y la distribución alimentaria, que luchan en estos momentos por su "supervivencia". También ha instado al Gobierno a que utilice las competencias que tiene para "contener y reducir la inflación" y, en concreto, a reducir impuestos de manera temporal.
Qué dicen los agricultores
La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, Asaja, ha pedido al Gobierno que "ponga orden" en el "descontrol" que percibe en el sector de la alimentación respecto al precio de la cesta de la compra. Asimismo, ha expresado su preocupación por las iniciativas que están surgiendo para abaratar los alimentos. Tras asegurar que los productores, agricultores, ganaderos y consumidores son "los grandes perjudicados de esta inflación", la asociación agraria ha pedido la rebaja del IVA al 4% para toda la alimentación.
Qué dice la pesca
La patronal que agrupa a las pescaderías tradicionales Fedepesca considerar también que la medida "anima a los consumidores a comprar en grandes multinacionales", además de suponer "una intromisión" en las competencias de otros ministerios. Según Fedepesca, las "pequeñas pescaderías de barrio no han trasladado la subida de costes a los precios al consumidor final a costa de su rentabilidad y supervivencia".
Otra patronal del sector, Cepesca ha rechazado la iniciativa de poner tope a los precios de los alimentos, que ha calificado de "ocurrencias que no solucionarán nada y generarán problemas a todos", y ha solicitado una bajada del IVA del pescado y del marisco para abaratarlos, una petición conjunta del sector, incluidas la industria conservera, la gran distribución, las entidades del ámbito extractivo, de la acuicultura y del comercio, quienes reivindican que esos alimentos sean considerados básicos (y tengan el gravamen superreducido). "Nosotros apostamos por la libre competencia y el libre mercado", ha añadido.
Qué dicen los panaderos
La Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (Ceoppan) ha rechazado que se apliquen "medidas intervencionistas" en el precio de los alimentos básicos, como el pan, porque "beneficiarán a los grandes operadores" y pueden provocar la "destrucción del pequeño comercio", con el consiguiente "perjuicio" para el consumidor. El sector de las panaderías, ha reclamado al Gobierno que reconozca "el papel fundamental del pan artesano y tradicional" y garantice a sus empresas el acceso a la energía y las materias primas, teniendo en cuenta su condición de alimento básico.
Qué dicen los distribuidores
La Asociación Española de Cadenas de Supermercados (ACES), la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) han tachado de "inviable y contraproducente" la propuesta de elaborar una cesta de la compra básica a precios cerrados.
Reclaman al Gobierno medidas para luchar contra la inflación y para reducir los costes empresariales, entre los que destacan la bajada del IVA de los alimentos, una moratoria a impuestos medioambientales, el descenso del coste regulatorio y la disminución del coste de la energía. Además, destacan que sus empresas ya trabajan para ofrecer una "cesta de la compra económica", a través de productos de marca propia, más promociones y descuentos.
Las asociaciones han apuntado que la estructura de la distribución alimentaria, donde el comercio tradicional tiene una importante cuota de mercado en productos frescos, obligaría a participar a cientos de empresas en un hipotético pacto, que presentaría "graves riesgos para la competencia", al "perjudicar a unos comerciantes frente a otros y a los consumidores de poblaciones pequeñas".
Por su parte, la patronal de distribución europea EuroCommerce, considera que establecer una cesta básica a un precio fijo "no es ni de lejos la medida más relevante" para aliviar los precios, y ha propuesto otras, como rebajas impositivas , especialmente en el IVA de algunos productos, y ayudas por el coste de la energía. Ha explicado que los precios de la distribución vienen arrastrados por los que pone la industria y el sector primario, y que su sector ha tratado de atenuar "al máximo" las subidas de precios al consumidor pero que llega un momento en el cual no se puede.
Qué dicen los economistas
El Colegio de Economistas de Cataluña (CEC) ha alertado de que la propuesta de limitar el precio de la compra de los productos básicos no es "ni viable ni recomendable". La entidad ha asegurado que la medida "fomentaría la concentración empresarial en el sector de la distribución", y la ha calificado como una agresión al pequeño y mediano comercio y a los productores locales que no pueden permitirse poner un tope en sus precios. "Solo las grandes empresas de distribución tienen la capacidad financiera de asumir esta rebaja en el precio, e incluso la pueden considerar una inversión en marketing. E igual intentan recuperarlo aumentando los precios de otros productos, lo que vuelve a ir en contra de los intereses de los consumidores".
Qué dicen las ONG
La ONG Justicia Alimentaria denuncia que los productos alimenticios que más se han encarecido son básicos de la cesta de la compra como el aceite de oliva, los cereales, los huevos, la leche, la carne de ave, las frutas frescas o las legumbres, entre otros.
Por eso, reclama "medidas públicas inmediatas para afrontar la subida sin precedentes del precio de los alimentos" como, por ejemplo, la aplicación del IVA 0% en los alimentos básicos, ofrecer un bono social para familias con menos renta para que puedan acceder a la alimentación fresca, así como vigilar la cadena alimentaria y sancionar en casos de abusos en los precios de alimentos básicos.
Qué dice Hacienda
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ve sensato que, de forma voluntaria, las grandes distribuidoras elaboren una lista básica de alimentos con precios más bajos ante la inflación y fuentes de Hacienda señalan que ello crearía una competencia de "marketing" que puede favorecer tanto a estas grandes cadenas como al consumidor.
Qué dicen los consumidores
Organizaciones como Facua han pedido que se aplique la ley de ordenación del comercio minorista. Según Facua, esta ley permite al Gobierno, "previa audiencia de los sectores afectados", fijar los precios máximos o los márgenes de comercialización de determinados productos y someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa "cuando se trate de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas".