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Un impuesto del turismo sostenible inaceptable para otro fin

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*Fernando Gallardo, crítico de hoteles del periódico "El País", escritor y coferenciante continúa con el artículo semanal de su cosecha afín a los complejos hoteleros, el turismo y la gastronomía, en una nueva entrega dentro de "Turismo y futuro". Huleymantel agradece nuevamente al analista (muchas veces en clave futurista) de estos campos este honor para la sección de Opinión del Grupo AtlánticoHoy.

La última vez que estuve en Mallorca me corrigieron. “No es una ecotasa”, me advirtieron cuando me refería a la tasa turística que desde 2016 se aplica a las islas Baleares. “Es un impuesto del Turismo Sostenible”, un tributo que grava el impacto medioambiental causado por el turista con el fin de que su recaudación contribuya a mejorar las infraestructuras y el desarrollo del sector.

Así presentado, y con su extensión al conjunto de las infraestructuras públicas —que financian los residentes y no los turistas que también las utilizan—, he defendido la tasa turística en todos los foros en los que he tenido ocasión de participar en estos últimos años. El polémico impuesto que las autoridades baleares aplicaron en el periodo 2002 y desecharon en 2003 debería servir para el sostenimiento de las calles, las aceras, las farolas, el abastecimiento de agua, la limpieza de las playas, la conservación del patrimonio monumental, la descontaminación del aire, la gestión de los aeropuertos y cuantos servicios reciben en el transcurso de su viaje hoy financiados por la población residente y de los que la población turística se beneficia.

Podríamos pensar, por supuesto, que todas estas infraestructuras y servicios ya están cubiertos por el impuesto sobre el valor añadido IVA que los turistas también pagan, aunque algunos de éstos puedan ser luego descontados en el tránsito fronterizo. La tasa turística sirve para financiar aquello a lo que la población local no alcanza. Y por todo ello nos hemos comprometido a defenderlo, siempre y cuando cuando sus recaudadores no sean exclusivamente los alojamientos turísticos en la comprensión de que un restaurante, un comercio, una actividad excursionista son también negocios turísticos y se benefician de dicha actividad. A la par, hemos abogado por que la administración de dicha tasa turística sea consorciada y orientada a proyectos concretos.

Pero ahora ya entiendo por qué el gobierno balear prefiere denominar a la tasa turística como el Impuesto del Turismo Sostenible. Nada de infraestructuras, ni de servicios públicos, sino de hacer sostenibles a empresas privadas que confiaron en su día en la solvencia de un operador turístico obsoleto (Thomas Cook) o establecimientos incapaces de avanzar en la transformación digital de la economía turística. Para compensar a estas empresas gestionadas con instrumentos y estrategias del siglo pasado, la denominada Comisión de Impulso del Impuesto del Turismo Sostenible tenía en mente ampliar el plazo para presentar proyectos con los que resarcirse de sus pérdidas “debidas a la nueva situación económica y laboral que ha causado la quiebra del operador turístico Thomas Cook, y de sus graves efectos negativos para un gran número de trabajadores y empresas de las Illes Balears”. Este año se recaudará un total de 120 millones de euros con un impuesto que debería por ley invertirse en la protección y el mantenimiento de los recursos naturales de las islas.

Esta idea inicial del gobierno balear, afortunadamente corregida días después ante la presión de diversas entidades sociales insulares —mediante subvención directa a los hoteles afectados—, nos parecía un fraude al espíritu ecosostenible de dicho impuesto y, sobre todo, un agravio inaceptable para las empresas innovadoras que avanzan en su transformación digital. La tasa, así utilizada, premia al perezoso, al acomodado, al inepto, al incapaz, al indiferente y a todos los mantenidos por el sistema, ya sean personas o empresas. Premia a las reliquias del pasado en detrimento de quienes arriesgan su peculio, afilan su talento, persiguen un ideal de innovación, se esfuerzan en progresar y avanzan dificultosamente en la adaptación de sus empresas al nuevo mundo digital. El gobierno tenía intención de premiar el despropósito y castigar el despropósito, lo que venía a significar un enorme despropósito gubernamental.

Al fin ha prevalecido la cordura frente al desatino y el conseller de Turismo, Iago Negueruela, ha logrado frenar esta arbitrariedad gubernativa que habría provocado el descrédito de una tasa exclusivamente justificada por los beneficios medioambientales e infraestructurales que genera en la economía turística.

Fernando Gallardo

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